Resumen: La sentencia apelada desestimó la demanda de la entidad de gestión por considerar inequitativa la remuneración reclamada por comunicación pública de grabaciones audiovisuales en la TV demandada. La sentencia de apelación desestima el recurso. Distinción entre grabación audiovisual y obra audiovisual, solo se ha de remunerar la comunicación pública de la primera. Confirmación del carácter inequitativo de la remuneración por duplicidad respecto a retribución por comunicación pública de fonogramas ya convenida.
Resumen: La sentencia reitera los principios relativos a la protección de los derechos de protección intelectual. La legitimación de la entidades de gestión viene reconocida por la jurisprudencia en base a la presunción del encargo de su custodia y defensa; bastando para ello con la aportación de su reconocimiento oficial como tal entidad y sus estatutos. Presunción que podrá ser desvirtuada por la que realiza la comunicación pública mediante la prueba de la ausencia de representación de esos autores por parte de la entidad reclamante.
Resumen: El condenado impugna la sentencia alegando error en la apreciación de la prueba estimando que tenía la imputabilidad disminuida, y que no se han acreditado los supuestos perjuicios, debiendo tener presente que se trata de un delito de riesgo concreto y en la causa ni siquiera se personaron los supuestos perjudicados. La Audiencia desestima el recurso. No constata ningún error en la valoración de la prueba practicada en el plenario con inmediación de la Juzgadora y con respeto a los principios de publicidad, oralidad y contradicción, por cuanto se explican las razones por las que existe prueba de cargo suficiente acreditativa de que la conducta del acusado consistió en que con fines comerciales o industriales y sin consentimiento del titular de una marca, además de tener conocimiento de su registro, comercializó productos de marroquinería y prendas de ropa amparados por tales derechos. El acusado fue hallado en el puesto ofreciendo productos al público, es el titular responsable del mismo y de los productos que allí se hallaban, por tanto, se cumple el elemento objetivo y el subjetivo del tipo. Dos agentes declararon como testigos haberle visto vender en el mercado las prendas ilícitas. La falsificación de las mismas quedó acreditado mediante la pericial realizada por agente competente en la materia. En cuanto a la valoración de los perjuicios no se impugnó en fase de instrucción el nombramiento del perito por supuesta falta de capacidad, ni se aportó peritaje contradictorio.
Resumen: Confirma la condena del recurrente que ofrecía a los transeuntes los productos falsificados. La Sala, por una parte, descarta que se haya vulnerado el derecho del recurrente a la presunción de inocencia atendiendo, fundamentalmente, el resultado de la prueba testifical. Por otra, recuerda que el bien jurídico protegido en el delito contra la propiedad industrial lo constituye el derecho de uso o explotación exclusivo de la marca y no los derechos de los consumidores. En concreto, la sentencia señala que "el bien jurídico, entendido como derecho de uso o explotación exclusiva del signo distintivo resulta afectado con independencia de que el género al que se vincula sea o no susceptible de confusión por el consumidor medio, porque el ordenamiento protege el uso exclusivo del signo. El perjuicio real o potencial por el uso inconsentido de la marca no es meramente jurídico formal, sino también económico, por cuanto la masificación de la marca disminuye su valor económico y su prestigio, y el uso fuera de los límites fijados por el titular disminuye la eficacia en las funciones de identificación y garantía que se le atribuyen. Por tanto, la antijuridicidad material no exige que el género sea susceptible de confusión por el consumidor medio, aunque sí que la marca falsa sea idónea para producir confusión (sobre la propia marca), lo que excluye de la tipicidad las copias burdas, pero no las imitaciones que dan lugar a equívocos, ni menos aún las copias idénticas".
Resumen: Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual reclaman frente al Ayuntamiento por el uso del repertorio de obras gestionadas por la SGAE con ocasión de las festividades patronales. Recurso de apelación: debe desecharse la mera reproducción del escrito de oposición a la demanda que efectúa el apelante, por lo que nos limitaremos a dar respuesta a lo que en realidad supone contradicción con la sentencia. Carga de la prueba: exigir que las entidades gestoras prueben que todas y cada una de las obras musicales utilizadas en los actos organizados por la demandada están dentro de su repertorio implicaría la necesidad de su previa identificación y ello conllevaría, por su imposibilidad o gran costo, la ineficacia del sistema de protección establecido en la Ley. Probado el acto de comunicación pública llevado a cabo por el demandado, le corresponde a éste acreditar haber satisfecho el importe del derecho reclamado a otra entidad de gestión o al autor o que tal obra no aparece gestionada por la entidad actora para verse liberado de las pretensiones de la actora. Ahora bien, se podrá presumir que ello acontece respecto de aquellos actos programados, ya que lo habitual es que los actos programados se lleven a cabo efectivamente. Inclusión del IVA en la indemnización: queda acreditada la deuda, cuya dificultad de cuantificación deriva de la actitud no colaboradora de la entidad municipal, sin quepa excusarse en la ausencia de facturación.
Resumen: Con la reforma de 2015 del delito contra la Propiedad Intelectual se quiso introducir una nueva posible conducta típica, mediante la inclusión en su tipo de injusto de la posibilidad de que el mismo se cometa por quien de cualquier modo explote económicamente algunos de los objetos materiales a los que el mismo alude, lo que introduce una modalidad comisiva tan amplía, que convierte al resto de posibles modalidades comisivas de este delito en meras referencias ejemplificativas de esta última, orillando el sistema de numerus clausus, y hace factible que se puedan incardinar en su tipo de injusto actividades de explotación que antes parecían permanecer al margen del mismo por no estar incluidas entre las que expresamente mencionaba, como sucedía, por ejemplo, con la de transformación de obras ajenas. Frente a la consideración de que la donación no lleva aparejada la autorización para realizar copias de la obra, se afirma por el recurrente que no ha quedado probado que la escultura ofrecida en venta constituya una copia ilegal de una obra artística, por no contar con la autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual. Se estima el recurso ya que la copia puesta a la venta no puede ser considerada una copia ilegal, pues tras la donación del autor, el propietario del boceto original encargó varias copias del mismo que fueron transmitidas a terceras personas, hasta llegar una de ellas a poder del acusado.
Resumen: La SGAE presenta demanda en reclamación de una factura impagada por la sociedad demandada correspondiente a la compensación equitativa por copia privada por la distribución en territorio español de los aparatos descodificadores de señal denominados IPLUS. El artículo 25 LPI contempla una compensación equitativa y única. Cuando los deudores son los fabricantes o importadores que actúen como distribuidores, como es el supuesto que nos ocupa, esta compensación nace en el momento de transmisión de la titularidad o de la cesión de uso de los equipos gravados con el canon. En estos supuestos, el distribuidor debe hacer constar separadamente en sus facturas el importe de la compensación, que repercutirá al cliente. Tal cantidad no se traslada directamente a la sociedad de gestión, sino que deberá ser retenida por el distribuidor, que se constituye así en depositario. El importe que puede ser reclamado por las sociedades de gestión es el saldo resultante de una declaración que el distribuidor ha de liquidar trimestralmente con las cantidades retenidas o que debió retener. Es decir, la acción no recae sobre la transmisión de cada equipo, sino sobre el saldo derivado de la declaración-liquidación. La aplicación del plazo prescriptivo del artículo 1966.3 del Código Civil tiene lugar precisamente en estos casos de obligaciones cuyo pago tiene lugar con carácter periódico, anual o inferior. Así resulta de una consolidada jurisprudencia.
Resumen: DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Venta en un mercadillo de 80 carteras y 62 bolsos que imitaban los de la marca original "Louis Vuitton", con distintivo de la mencionada marca original, sin que tuviera autorización del titular de la marca original, y siendo conocedor de que tales productos eran falsos. RESPONSABILIDAD CIVIL: CRITERIOS DE FIJACIÓN. Se revoca parcialmente la sentencia de instancia que no impuso condena civil en base al argumento de que no se produjo ningún perjuicio al titular registral de la marca, ya que el verdadero consumidor de una determinada marca no acude a un mercadillo a adquirir productos de esa marca. La sentencia de instancia señala, por el contrario, que el fundamento de la condena del encausado en este procedimiento, no busca proteger al consumidor, sino al titular de los derechos protegidos por la propiedad industrial. La venta de esos productos en un mercadillo repercute negativamente en el prestigio de la marca registrada, lo que determina la existencia de un daño moral indemnizable aunque no haya quedado probada la existencia de un perjuicio económico.
Resumen: El condenado como autor de una falta contra la propiedad industrial del art. 623.5 del CP, vigente en la fecha de comisión de los hechos impugna la sentencia alegando su prescripción al haber transcurrido más de 6 meses, plazo de prescripción conforme al art 131 del CP vigente en el momento de los hechos. La Audiencia estima el recurso. El instituto de la prescripción penal supone una autolimitación o renuncia del Estado al ejercicio del ius puniendi en consideración a la incidencia que tiene el transcurso de un determinado tiempo en las funciones y fines de la intervención penal, así como por razones de seguridad jurídica que conducen a fijar un límite temporal para que no se dilate indefinidamente la incertidumbre de la persecución penal. Solo tienen virtud interruptora de la prescripción aquellas resoluciones que ofrezcan un contenido sustancial, propio de una puesta en marcha del procedimiento, reveladoras de que la investigación o el trámite procesal avanza superando la inactivación y la parálisis; las resoluciones carentes de contenido real no producen el efecto de interrumpir la prescripción. En el presente caso sólo puede entenderse como determinante de la interrupción el dictado del auto de admisión de pruebas, de fecha 30 de octubre de 2019 hasta la siguiente Diligencia de Ordenación de la LAJ señalando la fecha del juicio oral para el día 26.10.21, y entre tales fechas había transcurrido con exceso el plazo legal de la prescripción del delito.
Resumen: Las demandantes invocan la titularidad de los derechos de explotación sobre la obra musical "Tinto de verano", en virtud de cesión indirecta desde el autor de la obra. La cedente inmediata de los derechos de explotación había a su vez concedido una licencia de sincronización de la obra en spots publicitarios de "Tinto Don Simón", licencia que, según las actoras, estaba limitada en el tiempo hasta finales de 2018. La demandada sostiene, por el contrario, que la licencia para utilizar la obra fue verbal y no contemplaba una cesión parcial de la obra sino su cesión definitiva, no limitada ni en el tiempo ni en el espacio. Si con arreglo a la Ley toda cesión debe formalizarse por escrito, aunque tal exigencia no sea presupuesto de validez de la cesión, el hecho de que en este caso se haya convenido verbalmente es un indicio favorable a entender que se trató de una autorización singular, pues no es habitual ni razonable que una cesión en términos tan amplios como los que afirma la parte demandada pueda ser concertada verbalmente. El análisis de la prueba, especialmente del intercambio de correos electrónicos y de requerimientos entre la titular y la licenciataria, ratifica la conclusión anterior y lleva a la sala a confirmar la sentencia de primera instancia, que declaró infringidos los derechos de explotación de la obra, al seguir explotándola sin el amparo de la licencia temporal que le había sido concedida.
